Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, ha entrado en vigor el 6 de junio de 2013.

Esta Ley introduce novedades de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.

Nos encontramos en este momento con un “cuarto texto legal” que aplicaremos a los arrendamientos de vivienda: el Texto Refundido de la LAU 1964, el RDL 2/1985, la propia LAU 29/1994 antes de la reforma y la LAU 29/1994 ahora reformada por la Ley 4/2013, de 4 de junio.

Realmente, hubiera sido deseable que la reforma hubiera zanjado el tema y que todos los preceptos confluyeran en una única Ley. De tal forma, estamos ante un verdadero “caos arrendaticio“, pues, dependiendo de la fecha del contrato, se aplicarán normas totalmente diferentes.

En Agilitas Abogados estamos a tu disposición para aclarar las dudas que se os plantean sobre este tema. Seas arrendatario o arrendador, asesórate bien.

El pasado viernes 24 de mayo de 2013, el Gobierno aprobó el Anteproyecto de Ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización. Nos encontramos ante una Ley “integral y completa” que aglutina la actividad de casi todos los Ministerios.

El objeto de esta nueva Ley es apoyar al emprendedor y a la actividad empresarial en general. De tal forma, la norma contempla un paquete de medidas para favorecer la creación de empresas y la actividad emprendedora.

Las principales novedades que se contemplan en esta futura norma, se concretan en:

1.- Medidas fiscales y en materia de Seguridad Social. 

Cabe destacar el IVA de Caja, los autónomos y las Pymes que facturen menos de dos millones de euros podrán retrasar desde el 1 de enero de 2014 el pago del IVA de las facturas que no se hayan cobrado.

2.- Responsabilidad limitada del empresario. 

Se creará la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL), que no tendrá que responder de las deudas derivadas de su actividad con su vivienda habitual, salvo que dichas deudas sean de Derecho público. Además, se permitirá la creación de sociedades con capital inferior a 3.000 €, que tendrán un régimen parecido al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada y que se denominará Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.

3.- Nueva negociación extrajudicial para tener una segunda oportunidad.

Se prevé un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios similar a los existentes en otros países. De tal manera, se podrán pactar quitas de hasta el 25% de los créditos y moratorias de hasta 3 años. Este mecanismo será de aplicación tanto para las personas físicas como las jurídicas. No obstante, quedan excluidas las deudas de Derecho Público y las que tienen una garantía especial como la garantía real.

4.- Reducción de cargas administrativas.

Entre ellas señalar que las empresas no tendrán que tener un libro de visitas en cada centro de trabajo a disposición de la Inspección de Trabajo. También, se abre la posibilidad de que los empresarios legalicen telemáticamente sus libros obligatorios en el Registro Mercantil. Además, se racionalizarán las exigencias de información económico-financiera de las empresas. También cabe destacar, la simplificación de los trámites para la creación de una empresa. Se pretende poner en marcha un negocio en 24 horas, sin escritura pública, con un coste aproximado de 40 €, y en caso de escritura, el plazo será de 48 horas y con un coste alrededor de los 100 €. Igualmente, las Administraciones eliminarán al menos una carga por cada una que introduzcan.

5.- Permiso de residencia para extranjeros.

Se facilitará la concesión del permiso de residencia aquellos extranjeros que inviertan medio millón de euros en adquisiciones inmobiliarias. Con esta medida el Gobierno quiere atraer capital extranjero, como las de los países emergentes como China y Rusia.

Esperemos que esta futura Ley de amplio alcance impulse la creación de empresas y de puestos de trabajo.

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, destinada para la protección de los deudores hipotecarios, se encuentra ya en vigor, tras su publicación el 15 de mayo, en el BOE. Esta Ley conocida popularmente como la “LEY ANTIDESAHUCIOS”, modifica varias normas en materia hipotecaria, para hacer frente a la complicada situación de los desahucios.

La Ley consta de 4 capítulos: 

I. El primer Capítulo prevé la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.

II. En el segundo Capítulo, modifica la Ley Hipotecaria de 1946, la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, y la Ley 41/2007, que modifica la Ley 2/1981, y otras normas del Sistema Hipotecario y Financiero. Es importante señalar, el hecho de que, para las hipotecas constituidas sobre la vivienda habitual, se limitarán los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero.

III. En el Capitulo III, se recogen diferentes modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de garantizar la protección de los deudores hipotecarios.

IV. En el Capitulo IV se reforma el RDL 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de Protección de los Deudores Hipotecarios Sin Recursos, tanto en el ámbito de aplicación como en lo referente a las medidas que puedan ser adoptadas.

La Ley que ha sido aplaudida por “urgente y necesaria” ante el drama de los desahucios, también ha sido criticada por “insuficiente e injusta”, pues aunque incorpora importantes medidas para la protección de los deudores hipotecarios, no contempla la principal propuesta de la Iniciativa Legislativa Popular, que es la dación en pago retroactiva y universal. 

Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 14 de marzo de 2013 (según comentamos en el artículo del Blog de 18 de marzo), que determinó el incumplimiento por el ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993,  se está a la espera de que se apruebe en las Cortes la modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC). De tal forma,  mientras llegue la modificación de la LEC, se están adoptando Acuerdos de Juntas de Jueces sobre las medidas a adoptar en aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria que se encuentran actualmente en tramitación. A los Acuerdos de Juntas de Jueces de Barcelona, Bilbao y Santander, se suman ahora los de Málaga.

De igual manera, recientemente la Audiencia Provincial de Burgos, Sección 2.ª, ha dictado un Auto de 10 de abril de 2013, por el que establece la indebida inadmisión de una demanda de ejecución hipotecaria por entender el Juez de Instancia la existencia de una cláusula suelo abusiva y contraria la normativa europea sobre consumidores, basándose como hemos señalado en la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013.

La nueva Reforma Laboral de 2012 ha afectado a la legislación fiscal,  estableciendo novedades en la declaración del IRPF en materia de las indemnizaciones por despido.

Así pues, cualquier despido improcedente producido a partir del 8 de julio de 2012 tiene que haber pasado por un acto de conciliación ante el SMAC o una resolución judicial si se quiere que la indemnización que se ha percibido esté exenta en el IRPF. No obstante, si el despido ha tenido lugar anteriormente a esa fecha, la indemnización percibida estará exenta si la empresa reconoció la improcedencia del despido.

La pregunta que cabe hacerse es ¿qué cantidad estará exenta en el IRPF?, pues dependerá de los casos. De tal forma, podemos señalar:

A.- Para los contratos formalizados a partir del 12 de febrero de 2012 (fecha de entrada en vigor de la Reforma Laboral): estará exenta la cantidad equivalente a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Aunque, si el contrato se firmó antes de esa fecha, 33 días por año trabajado a contar desde el 12 de febrero y 45 días por año trabajado antes de esa fecha, con un máximo de 720 días. No obstante, este último límite se puede sobrepasar, sin exceder nunca de 42 mensualidades, siempre que se cuente con una antigüedad suficiente hasta la fecha del 12 de febrero de 2012.

B.- En los casos de los despidos colectivos, hay que diferenciar entre los ERE aprobados o iniciados antes del 12 de febrero de 2012, en cuyo caso, la indemnización exenta será de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, y los producidos después de esa fecha, en este caso, la indemnización exenta es la que le hubiera correspondido al trabajador si el despido hubiera sido improcedente.