Durante más de dos años de lucha contra las tasas judiciales por parte de los ciudadanos, los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios y colectivos de abogados, se ha conseguido finalmente, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE, 28 de febrero, en vigor desde el 1 de marzo de 2015), que exime de las tasas judiciales a todos los ciudadanos, en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Aunque esta medida no se extiende a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), lo que repararía totalmente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y creación de empleo.

En general los abogados estamos muy satisfechos de la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todo caso. No obstante, seguiremos trabajando para que esta medida se extienda también a las Pymes y continuar reclamando las inversiones necesarias para agilizar la Justicia.