Reforma laboral: derogación del apartado d) del art. 52 del Estatuto de los Trabajadores

baja médicaEl apartado d) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores (ET) permitía el despido objetivo del trabajador/a por faltas de asistencia aún justificadas pero intermitentes que alcanzasen un determinado porcentaje de jornadas ( el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses). Entre esas ausencias se podrían computar los despidos a enfermedades acreditadas por los servicios sanitarios oficiales pero debidas a enfermedad común y de duración no superior a veinte días.

Por consiguiente, al desaparecer cualquier condicionante para el despido que tuviese en cuenta el nivel de absentismo de la empresa se podía dar el supuesto de un despido causado por ausencias derivadas de enfermedad debidamente acreditada. En consecuencia, ello hizo pensar en la posible inconstitucionalidad del precepto y, sobre la posible contradicción con normas internacionales ratificadas y vigentes en España, concretamente en el Convenio 158 de la OIT en su artículo 6.1.

Al respecto; por un lado, se confirmó la constitucionalidad del precepto en la discutida y recientemente conocida STC 118/2019, de 16 de octubre de 2019, que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por el Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, si bien esa sentencia no se pronunciaba sobre la posible contradicción del precepto con las normas internacionales, por entender que eso no afectada a la constitucionalidad, correspondiendo a los tribunales ordinarios el control de convencionalidad y la posible solución entre la norma estatal y la internacional. Por otro lado, más tarde ese control de convencionalidad se realizó por la reciente STSJ (Sala Social) Cataluña de 17 de enero de 2020, Rec. 5532/2019, en la que se consideraba el precepto contrario a diversas normas internacionales, concretamente el citado Convenio OIT, aunque también otras normas. Por tanto, dada esa contradicción entre la norma estatal y la internacional es esta la que debe prevalecer produciendo que la interna devenga inaplicable, conforme se desprende de las normas y principios del ordenamiento internacional y en el Estado español del art. 31 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos internacionales.

En consecuencia, ello ha llevado a publicar el Real Decreto-Ley 4/2020, de 18 de febrero (BOE, 19 de febrero de 2020), con entrada en vigor al día siguiente a su publicación el BOE, que deroga el citado artículo apartado d) del art. 52 del ET. Por tanto, a partir del pasado día 20 de febrero de 2020, ya no caben despidos al amparo de esa causa que ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico.

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