PASOS A SEGUIR EN LA TRAMITACIÓN DE UNA HERENCIA.

La pérdida de un familiar es un momento difícil en la vida, en el que es normal que nos veamos bloqueados o sin ánimo para llevar a cabo los trámites de la herencia. En Agilitas Abogados podemos ayudarte en la tramitación de una herencia.

¿Qué pasos se deben seguir en la tramitación de una herencia?

En primer lugar, deberemos recopilar todos los documentos esenciales para el inicio de la tramitación de la herencia:

 1º.- Certificado de defunción: Este se obtiene en el Registro Civil del lugar de defunción y se puede obtener a través de la página web del Ministerio de Justicia, también lo suele facilitar la compañía de seguros que gestiona el funeral del causante.

 2º.- Certificado de últimas voluntades: Una vez pasados 15 días hábiles desde el fallecimiento se puede solicitar en la Gerencia Territorial de Justicia, presentando el certificado de defunción y el justificante del pago de la tasa. Con este documento podremos comprobar cuál es el último testamento que realizó el causante o si no realizó ninguno.

3º.- Certificado de seguros: El trámite es el mismo que para el certificado de últimas voluntades.

En segundo lugar, actuaremos en función de si hay o no testamento, según nos indica el certificado de últimas voluntades.

A)  El causante realizó testamento: Necesitaremos obtener una copia autorizada del testamento solicitándolo como interesado en el Notario donde se llevó a cabo éste, podremos saber cuál es con el certificado de últimas voluntades.

B) El causante no realizó testamento: En el caso de que el causante no hubiera realizado testamento, nos encontramos ante una herencia intestada. Esto significa, que los herederos son aquellos que determina la Ley y previamente a aceptar la herencia por parte de estos deberá realizarse la “Declaración ab intestato” ante un Notario del lugar de defunción.

Los documentos que son necesarios para realizar la declaración de herederos ab intestato serán los siguientes:

a)    Certificado de defunción y últimas voluntades.

b)    Certificado de empadronamiento del fallecido.

c)     Libro familia que pruebe el parentesco de los herederos.

d)    Aportar el día de la firma dos testigos que manifiesten que conocían al difunto y que aseguren constarles por ciencia propia la notoriedad de las circunstancias personales y familiares del causante.

En tercer lugar, una vez determinado el testamento o en su caso realizada la declaración de herederos ab intestato, es el momento de realizar el inventario de la herencia, es decir, establecer los bienes y deudas que tenía el causante. Entre los bienes habrá que determinar, los saldos bancarios que tenía el causante a la fecha de la defunción, los bienes inmuebles y determinar su valor, los vehículos y también establecer su valor, el ajuar doméstico, y finalmente, en caso de que existan deudas, estas deberán determinarse y serán asumidas como propias cuando se realice la aceptación de la herencia.

En cuarto lugar, en el caso de que existan bienes inmuebles, se deberá realizar la escritura de aceptación de herencia y partición de bienes ante Notario para poderla inscribir posteriormente en el Registro de la Propiedad correspondiente.

Finalmente, una vez realizada la escritura de aceptación de herencia y partición de bienes, deberá liquidarse el impuesto de sucesiones, hay un plazo de 6 meses para liquidarlo desde la defunción del causante, aunque se puede pedir prórroga por 6 meses, dentro de los primeros 5 meses. Igualmente, se deberá liquidar la plusvalía municipal, aunque solamente se liquidará en el caso de existir bienes inmuebles.

Una vez liquidados los impuestos, se podrá registrar a nombre de los herederos los bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad y presentar la comunicación al Catastro de la variación de la titularidad. Asimismo, podremos desbloquear las cuentas bancarias para poder adjudicar los saldos a los herederos.

El uso de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida sin acuerdo entre los progenitores.

Un problema que se plantea habitualmente en materia de familia, es el relativo a que progenitor se le atribuye el uso de la vivienda familiar en una situación de ruptura matrimonial, cuando el juez concede a ambos progenitores la custodia compartida de los hijos menores.

Esta cuestión queda resuelta, si los progenitores acuerdan en su Convenio Regulador la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de ellos con carácter permanente o a ambos por períodos temporales, cuando han pactado la custodia compartida de sus hijos menores de edad, siendo generalmente aprobado dicho acuerdo por el Juzgado, salvo que resultase perjudicial para los hijos o gravemente dañoso para uno de los cónyuges, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 del Código Civil.

No obstante, el problema se plantea cuando falta acuerdo entre los progenitores respecto al uso de la vivienda familiar, ya que el Código Civil no dispone de una norma legal que resuelva la ocupación de la vivienda familiar en los casos de custodia compartida.

De tal forma, el Tribunal Supremo en varias sentencias ha cubierto esta laguna legal, con la aplicación analógica del artículo 96.2 del Código Civi, que dispone “Cuando algunos de los hijos queden en compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente” (SSTS de 24 de octubre de 2014, 6 de abril de 2016, 27 de junio de 2016 y 21 de julio de 2016, entre otras). De tal manera, dados los términos tan genéricos con los que se expresa la norma señalada, la autoridad judicial se ve obligada a valorar las circunstancias concurrentes en cada caso, estableciendo una amplitud de criterios. En consecuencia, los jueces en algunas ocasiones han acordado sobre la atribución exclusiva a uno de los progenitores con los hijos que queden a su cargo, o bien que los dos progenitores se turnen el uso de la vivienda familiar.

EL DERECHO DE VISITAS, COMUNICACIONES Y ESTANCIAS DE LOS ABUELOS CON LOS NIETOS.

En algunas ocasiones, las malas relaciones familiares hacen que los progenitores impidan el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos.

El artículo 160.2 de nuestro Código Civil establece: “No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados”.

El Tribunal Supremo ha sentado la doctrina jurisprudencial de que no puede impedirse el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos, porque falte un entendimiento de éstos con los progenitores, sea porque se hayan separado, divorciado o porque las relaciones sean malas o inexistentes, ya que el interés prioritario en esta materia es el interés del menor  (principio esencial, necesario e indeclinable de “favor filii”) y no el de los progenitores (Entre otras, las SSTS de 24 de mayo de 2013, 20 de octubre de 2011, 27 de julio de 2009 y 11 de noviembre de 2005).

De tal forma, el contacto de los nietos con sus abuelos favorece su formación integral y la consolidación de los lazos afectivos con su familia de origen, no sólo directa, sino también extensa. Por ello, en interés del menor, debe favorecerse una relación cordial entre éste y sus parientes a fin de no causarle un perjuicio irreversible por cuanto el interés del menor siempre está en juego.

Aunque la Ley no aporta una pauta sobre la extensión del derecho a relacionarse de los nietos con sus abuelos, con carácter general los tribunales suelen reconocer a los abuelos un derecho de visitas aunque más restringido que a los progenitores, consistente en la posibilidad de relacionarse con los nietos unas horas semanales, quincenales o mensuales, pernoctar un fin de semana al mes, reunirse algún día en fechas señaladas del año, como en Navidad, incluso compartir una semana de vacaciones al año con sus abuelos.

La suspensión de la ejecución cuando el ejecutado se encuentre en situación de concurso de acreedores.

Dispone el artículo 568.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el Letrado de la Administración de Justicia decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley Concursal establece que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

Igualmente, las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

De tal forma, cuando se ha establecido la situación concursal del ejecutado, teniendo en cuenta el precepto transcrito, y para evitar que pueda frustrarse el principio de la par conditio creditorum (“igual condición de crédito”), perjudicando a los acreedores, debe acordarse la suspensión del proceso de ejecución, hasta que se dicte resolución en el concurso de acreedores.

FELIZ VERANO.

Os deseamos un feliz verano, nosotros nos tomamos un descanso desde el 6 hasta el próximo día 27 de agosto, que volveremos con las energías recargadas, para ayudaros a obtener los mejores resultados posibles en vuestras cuestiones legales.

Muchas gracias por confiar en nosotros.

 

 

La pensión compensatoria tras la separación o el divorcio.

 

El artículo 97 del Código Civil, establece que “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia“.

De tal forma, el Código Civil trata la pensión compensatoria, como aquella cuantía que uno de los cónyuges ha de satisfacer a favor del otro para corregir el desequilibrio que ha provocado su divorcio o separación.

Por tanto, se tiene derecho a la pensión compensatoria, cuando la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro.

Para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio se tendrá en cuenta:

  • Dedicación a la familia durante el matrimonio.
  • Colaboración con las actividades profesionales del otro cónyuge durante el matrimonio.
  • Régimen matrimonial.
  • Situación anterior al matrimonio.
Asimismo, no procede la pensión compensatoria cuando no exista tal desequilibrio económico. Se tendrá en cuenta si durante el matrimonio:
  • Siguió trabajando.
  • No perdió expectativas laborales.
  • La diferencia de ingresos de los cónyuges no tenga causa en una mayor dedicación a la familia.
Cuando se tenga derecho a la pensión compensatoria, la duración podrá ser temporal o indefinida:
  • Temporal: Siempre que haya idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico en un tiempo razonable.
  • Indefinida: Cuando sea indudable que la persona beneficiaria de la pensión compensatoria tenga muy pocas probabilidades de acceder al mercado laboral, siendo relevante su edad, su salud, el tiempo de duración del matrimonio y la dedicación a la familia.
No obstante, la pensión compensatoria puede extinguirse si hay alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, cese de la causa que lo motivo, nuevo matrimonio o situación equivalente de convivencia del preceptor.
La cuantía será proporcional a las necesidades del que la recibe, pero también a los medios económicos de quien los da. Su cantidad podrá ser minorada en las cargas de carácter permanente y estable que debe soportar, entre las que se pueden incluir:
  • Las pensiones alimenticias de los hijos.
  • Pago de la hipoteca de la vivienda familiar si hubiere hijos menores.
  • Alquiler de la vivienda.
  • Otras cargas similares que tenga que satisfacer.
En consecuencia, la pensión compensatoria se satisface por medio de una renta periódica, y permite mejorar la situación económica resultante de la ruptura matrimonial. El beneficiario acreedor podría ser tanto la esposa como el marido, y la decisión dependerá de las circunstancias económicas propias de cada uno de ellos.

La prescripción de las cuantías impagadas de la pensión de alimentos.

 

Ha sido cuestión controvertida la prescripción de las cuantías impagadas de la pensión de alimentos. Para dar luz a esta cuestión, debemos señalar que el derecho a reclamar alimentos es un derecho indisponible que nunca prescribe, sino que nace en el momento en que suja la necesidad de cubrirlo. No obstante, lo que si prescribe es el derecho a exigir el pago de pensiones alimenticias reconocidas y vencidas, pero que no han sido satisfechas.

De tal forma, el fundamento de la prescripción por el transcurso del tiempo reside en la actitud pasiva de quien tiene un derecho potencial de exigir el pago y no lo ejerce en los plazos preestablecidos, como manifiesta el Auto núm. 31/98 de la Audiencia Provincial de Lleida de 16 de febrero de 1998, se presume el abandono del ejercicio de dicho derecho, en aras al principio general de Seguridad Jurídica y también de la supresión de conflictos permanentes.

Sobre esta cuestión, era motivo de discusión jurisprudencial y doctrinal qué plazo de prescripción había de aplicarse al pago de las pensiones alimenticias. Así, conforme a los artículos 1964 y 1971 del Código Civil (CC), el plazo era de 15 años, según algunas decisiones judiciales, hasta la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), que lo rebaja a 5 años desde el momento que puede exigirse el cumplimiento de la obligación.

En este sentido, se han manifestado entre otras, las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares de 2 de mayo de 2002 y de la Audiencia Provincial de Granada de 7 de octubre de 2002.

Por su parte, otras Audiencias Provinciales consideraban aplicable el plazo de prescripción de cinco años, de acuerdo al artículo 1966.1º del CC, en este sentido, las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de junio de 2000 y de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 28 de enero de 2002, entre otras.

Finalmente, se puso fin a esta discusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 de la LEC, al disponer literalmente: “La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución“.  

Por su parte, el Auto núm.  32/02  de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 11 de enero de 2002, desestima la excepción de prescripción al considerar que no cabe fijar el “dies ad quo” del comienzo del plazo a una fecha anterior, a aquélla en que la obligación se había devengado, debiendo aplicarse por analogía lo dispuesto en el artículo 1966. 1º el CC en relación con el artículo 1969 del mismo cuerpo legal, que señala que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no hay disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.

En consecuencia, podemos concluir que el plazo de prescripción de las acciones por reclamación de las cuantías impagadas de las pensiones alimenticias es dentro de los 5 años siguientes al día en que pudieron ejercitarse.

Pensión de viudedad: la acreditación de la convivencia “more uxorio” antes del matrimonio.

El artículo 219.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE, núm. 261, 31 de octubre), en adelante, LGSS, establece que tiene derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, el cónyuge o ex-cónyuge del fallecido, así como los sobrevivientes de una pareja de hecho.

No obstante, el artículo 219 de la LGSS, en su apartado 2, señala que en los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derive de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requiere, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha de fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exige dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del matrimonio se acreditara un período de convivencia con el causante como “pareja de hecho” que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años.

Por su parte, el artículo 221.2 de la LGSS, establece que, se considerará “pareja de hecho” la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho, se añade, se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja y tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Sin embargo, debe tomarse consideración la doctrina jurisprudencial que mantiene que la convivencia “more uxorio” debe poder acreditarse mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento (entre otras, las SSTS de 25 de mayo de 2010, 9 de junio de 2010, 20 de septiembre de 2010 y 25 de junio de 2013).  Como señala la última de las sentencias citadas “si el derecho a la pensión en las singulares situaciones matrimoniales que se examinan [fallecimiento por enfermedad común previa al matrimonio que no hubiese alcanzado el año de duración] se sujeta a haberse acreditado <<un periodo de convivencia…en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3 (se está refiriendo al art. 174 de la LGSS de 1994, de idéntica redacción al art. 219.2 de la vigente ley), que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años>>, está claro que con tal mandato el legislador únicamente está imponiendo que se cumpla el expresamente citado requisito de la convivencia [por dos años, menos la duración que haya tenido el propio matrimonio], a justificar por el correspondiente empadronamiento u otro singular medio de prueba“. 

De tal forma, podemos concluir que para acreditar la convivencia “more uxorio” antes del matrimonio y tener derecho a la pensión vitalicia de viudedad, esta debe poder acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

En todo caso, si no puede acreditarse el período de convivencia por ningún medio de prueba y no se tienen hijos comunes, se tiene derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido, con una duración de 2 años.