El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia del progenitor custodio de los hijos con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio.

 

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia número 641/2018, de 20 de noviembre, ha resuelto el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio. La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente. 

La sala ratifica los argumentos y el pronunciamiento de la sentencia recurrida y desestima el recurso de casación. La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar, de igual modo que afecta a otros aspectos como la pensión compensatoria e incluso el interés de los hijos, porque introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente.

El derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. En el caso, el carácter ganancial del inmueble facilita otras soluciones económicas que permiten precisamente esa conciliación de intereses.

La suspensión de la ejecución cuando el ejecutado se encuentre en situación de concurso de acreedores.

Dispone el artículo 568.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que el Letrado de la Administración de Justicia decretará la suspensión de la ejecución en el estado en que se halle en cuanto le sea notificado que el ejecutado se encuentra en situación de concurso.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley Concursal establece que declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

Igualmente, las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.

De tal forma, cuando se ha establecido la situación concursal del ejecutado, teniendo en cuenta el precepto transcrito, y para evitar que pueda frustrarse el principio de la par conditio creditorum (“igual condición de crédito”), perjudicando a los acreedores, debe acordarse la suspensión del proceso de ejecución, hasta que se dicte resolución en el concurso de acreedores.

El incentivo “bonus”. Indemnización por despido improcedente.

Según la reciente STS 640/2018, 14 de junio de 2018, que estima el recurso de casación nº 414/2017 para la unificación de doctrina, establece que para calcular una indemnización por despido improcedente debe incluirse el incentivo “bonus” (modalidad de retribución variable) devengado por el cumplimiento de objetivos durante el año anterior y percibido dentro del mismo ejercicio en el que la empresa realiza el despido.

El Alto Tribunal, señala que el incentivo “bonus” tiene naturaleza salarial, así como periodicidad superior a la mensual (su devengo se produce por anualidades vencidas y en función de los beneficios realizados en cada una de ellas), debe formar parte del salario regulador a los efectos de calcular la indemnización legal por despido, aún cuando su devengo fuera del año anterior.

Acceso a la Sentencia. 

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El Tribunal Supremo fija la fecha de extinción de las pensiones compensatorias a ex-parejas.

 

La Sentencia núm. 453/2018, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (Pleno), de 18 de julio de 2018, ha establecido que las pensiones compensatorias a ex-parejas  deben extinguirse desde que estas contraen un nuevo matrimonio o inician una relación marital con otra persona, y no desde la fecha en que se interpone la demanda judicial, concretamente señala: “Resulta evidente que la causa de extinción consistente en contraer nuevo matrimonio habrá de producir su efecto desde que este hecho se produce, con independencia de la fecha en que -conocida dicha situación- se interpone la demanda y se dicta sentencia decidiendo sobre la extinción”.

Asimismo, el Supremo añade que en el presente caso examinado “la situación de convivencia que ha dado lugar a la extinción existía desde el año 2004 -más de diez años antes de la interposición de la demanda- por lo que carece de sentido prolongar más allá del ejercicio del derecho por el demandante la existencia de la obligación de pago de la pensión, cuya extinción podía haberse producido en la práctica mucho tiempo atrás“.

No obstante, el tribunal no entra a analizar expresamente si lo correcto era declarar extinguida la obligación desde que la situación de convivencia existía (año 2004), puesto que el demandante no lo solicitaba, dado que el proceso civil está regido por el principio dispositivo. De tal manera, confirma la sentencia dictada de la Audiencia Provincial de Salamanca (Sección 1ª) en Rollo de Apelación nº 560/2016, con fecha de 18 de noviembre de 2016, que declaraba extinguida la pensión compensatoria desde la fecha de la interposición de la demanda.

Finalmente, el Supremo destaca: “La razón de ser de la pensión compensatoria está en relación con la comunidad de disfrute de dos personas -unidas por matrimonio- de una determinada posición económica, lo que da lugar a que -extinguido el vínculo- deba ser compensado aquel de los cónyuges que sufre un desequilibrio perjudicial respecto de la situación en que se encontraba vigente el matrimonio; compensación que se extinguirá cuando esa comunidad de disfrute se instaura de nuevo con otra persona.”

El Supremo examina los criterios para la determinación del carácter temporal o indefinido de la pensión compensatoria.

1.- La STS (Sala Civil) nº 391/2017, de 20 de junio (Roj: 2505/2017), tiene gran interés porque examina con detalle las condiciones en las que una pensión compensatoria establecida con carácter indefinido puede, en un momento posterior, ser fijada con carácter temporal.

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 1 de Oviedo, mediante sentencia de 4 de noviembre de 2011, concedió a la esposa una pensión compensatoria de 400 euros/mes sin limitación temporal, pronunciamiento ratificado por la Audiencia Provincial sección 5.ª de Oviedo en sentencia de 11 de junio de 2012. Después, en fecha de 30 de noviembre de 2015, el marido promovió demanda solicitando la extinción de la pensión o subsidiariamente, su reducción a 200 euros/mes con el límite temporal de 1 año.

La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Oviedo que la estimó parcialmente y fijó el importe de la pensión en 280 euros/mes, pero manteniendo su carácter indefinido.

La Audiencia Provincial sección 4ª de Oviedo, acogió el recurso del marido en el sentido de, sin modificar el importe señalado por el Juzgado de Primera Instancia, fijar la duración  de la pensión en 4 años. El tribunal de apelación consideró que concurrían nuevas circunstancias que aconsejaban la modificación de la situación anterior. Esencialmente, la edad de los hijos que habían quedado bajo la custodia de la esposa y que siguen viviendo con ella, ya que al ser más mayores no precisan de las mismas atenciones a diferencia de lo que ocurría al tiempo del divorcio. La Audiencia consideró que ello ha de proporcionar a la esposa una mayor disponibilidad para acceder al mercado laboral.

2.- Posteriormente, el Tribunal Supremo estimó el recurso de casación interpuesto por la esposa. La Sala de lo Civil asentó los criterios generales que pueden permitir la sujeción a plazo de una pensión compensatoria previamente establecida con carácter indefinido:

a) “La transformación de una pensión indefinida en una pensión temporal requiere que se produzca una modificación sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta al establecer la pensión indefinida”.

b) “La fijación de una pensión con carácter indefinido presupone que el juzgador ha valorado que, en atención a las circunstancias, el beneficiario de la pensión difícilmente podrá superar con el tiempo la situación de desequilibrio”.

c) “La fijación de una pensión temporal se justifica cuando, acreditado el desequilibrio económico, las circunstancias permiten alcanzar un juicio prospectivo razonable sobre la posibilidad real de superar en un período de tiempo determinado la situación inicial de desequilibrio que pueda producirse tras una ruptura matrimonial”.

d) “Es preciso valorar, en un juicio prospectivo ponderado, si el cónyuge a quien la crisis matrimonial produjo un desequilibrio económico está ahora, en razón a nuevas circunstancias sobrevenidas que no se pudieron tener en cuenta cuando se fijó la pensión con carácter indefinido, en condiciones de superar el desequilibrio económico en un plazo previsible”.

De tal forma, partiendo de esos criterios generales, las razones por las que el Alto Tribunal estimó el recurso de la esposa se explican en base a los siguientes argumentos:

1) La única circunstancia que tiene en cuenta la sentencia recurrida para apreciar que se ha producido un cambio en la situación de la esposa es “la edad de los hijos que habían quedado bajo su custodia y siguen conviviendo con ella”. Ahora, los hijos al ser más mayores no necesitan tantos cuidados, por lo que ella podría acceder al mercado laboral.

2) Sin embargo, la razón por la que se concedió a la esposa una pensión indefinida no fue que no pudiera trabajar por la edad de los hijos, ya que en tal caso se hubiera fijado como temporal, sino que fue porque nunca había trabajadono tenía estudios, y se había dedicado exclusivamente al cuidado de la familia.

3) La Sala no considera probado ningún dato que suponga una modificación de los que se tuvieron en cuenta para fijar una pensión indefinida y que permita deducir que la esposa, sin estudios, y con dedicación exclusiva al cuidado de la familia, pueda acceder ahora al mercado laboral, únicamente porque los hijos sean más mayores. Tampoco se consideran probados hechos nuevos que supongan una modificación sustancial de las circunstancias, una alteración de la fortuna que permita prever, con un juicio razonable y ponderado, que la esposa pueda superar en un lapso de tiempo el desequilibrio que le supuso la ruptura matrimonial.

3.- En consecuencia, el TS señala: “No puede considerarse que el tener los hijos algunos años más que cuando se fijó la pensión sea un factor que pueda valorarse como una nueva circunstancia que altere las tenidas en cuenta en el momento de fijar la pensión (la dedicación a la familia, la falta de formación, el no haber estado nunca en el mercado laboral, la edad de la esposa, que al aumentar no favorece su acceso al mercado laboral). Por el contrario, el que los hijos cumplieran años era algo absolutamente previsible y mera consecuencia del paso del tiempo, sin que la edad de los hijos sea un factor que contribuya a la superación de la situación de desequilibrio que justificó el reconocimiento del derecho y sin que en el momento de fijar la pensión se tuviera en cuenta como una circunstancia que dificultara el acceso al trabajo de la esposa la edad que en ese momento tenían”.

 

La pensión compensatoria tras la separación o el divorcio.

 

El artículo 97 del Código Civil, establece que “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia“.

De tal forma, el Código Civil trata la pensión compensatoria, como aquella cuantía que uno de los cónyuges ha de satisfacer a favor del otro para corregir el desequilibrio que ha provocado su divorcio o separación.

Por tanto, se tiene derecho a la pensión compensatoria, cuando la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la posición del otro.

Para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio se tendrá en cuenta:

  • Dedicación a la familia durante el matrimonio.
  • Colaboración con las actividades profesionales del otro cónyuge durante el matrimonio.
  • Régimen matrimonial.
  • Situación anterior al matrimonio.
Asimismo, no procede la pensión compensatoria cuando no exista tal desequilibrio económico. Se tendrá en cuenta si durante el matrimonio:
  • Siguió trabajando.
  • No perdió expectativas laborales.
  • La diferencia de ingresos de los cónyuges no tenga causa en una mayor dedicación a la familia.
Cuando se tenga derecho a la pensión compensatoria, la duración podrá ser temporal o indefinida:
  • Temporal: Siempre que haya idoneidad o aptitud para superar el desequilibrio económico en un tiempo razonable.
  • Indefinida: Cuando sea indudable que la persona beneficiaria de la pensión compensatoria tenga muy pocas probabilidades de acceder al mercado laboral, siendo relevante su edad, su salud, el tiempo de duración del matrimonio y la dedicación a la familia.
No obstante, la pensión compensatoria puede extinguirse si hay alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge, cese de la causa que lo motivo, nuevo matrimonio o situación equivalente de convivencia del preceptor.
La cuantía será proporcional a las necesidades del que la recibe, pero también a los medios económicos de quien los da. Su cantidad podrá ser minorada en las cargas de carácter permanente y estable que debe soportar, entre las que se pueden incluir:
  • Las pensiones alimenticias de los hijos.
  • Pago de la hipoteca de la vivienda familiar si hubiere hijos menores.
  • Alquiler de la vivienda.
  • Otras cargas similares que tenga que satisfacer.
En consecuencia, la pensión compensatoria se satisface por medio de una renta periódica, y permite mejorar la situación económica resultante de la ruptura matrimonial. El beneficiario acreedor podría ser tanto la esposa como el marido, y la decisión dependerá de las circunstancias económicas propias de cada uno de ellos.

La prescripción de las cuantías impagadas de la pensión de alimentos.

 

Ha sido cuestión controvertida la prescripción de las cuantías impagadas de la pensión de alimentos. Para dar luz a esta cuestión, debemos señalar que el derecho a reclamar alimentos es un derecho indisponible que nunca prescribe, sino que nace en el momento en que suja la necesidad de cubrirlo. No obstante, lo que si prescribe es el derecho a exigir el pago de pensiones alimenticias reconocidas y vencidas, pero que no han sido satisfechas.

De tal forma, el fundamento de la prescripción por el transcurso del tiempo reside en la actitud pasiva de quien tiene un derecho potencial de exigir el pago y no lo ejerce en los plazos preestablecidos, como manifiesta el Auto núm. 31/98 de la Audiencia Provincial de Lleida de 16 de febrero de 1998, se presume el abandono del ejercicio de dicho derecho, en aras al principio general de Seguridad Jurídica y también de la supresión de conflictos permanentes.

Sobre esta cuestión, era motivo de discusión jurisprudencial y doctrinal qué plazo de prescripción había de aplicarse al pago de las pensiones alimenticias. Así, conforme a los artículos 1964 y 1971 del Código Civil (CC), el plazo era de 15 años, según algunas decisiones judiciales, hasta la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), que lo rebaja a 5 años desde el momento que puede exigirse el cumplimiento de la obligación.

En este sentido, se han manifestado entre otras, las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares de 2 de mayo de 2002 y de la Audiencia Provincial de Granada de 7 de octubre de 2002.

Por su parte, otras Audiencias Provinciales consideraban aplicable el plazo de prescripción de cinco años, de acuerdo al artículo 1966.1º del CC, en este sentido, las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de junio de 2000 y de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 28 de enero de 2002, entre otras.

Finalmente, se puso fin a esta discusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 518 de la LEC, al disponer literalmente: “La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución“.  

Por su parte, el Auto núm.  32/02  de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 11 de enero de 2002, desestima la excepción de prescripción al considerar que no cabe fijar el “dies ad quo” del comienzo del plazo a una fecha anterior, a aquélla en que la obligación se había devengado, debiendo aplicarse por analogía lo dispuesto en el artículo 1966. 1º el CC en relación con el artículo 1969 del mismo cuerpo legal, que señala que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no hay disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.

En consecuencia, podemos concluir que el plazo de prescripción de las acciones por reclamación de las cuantías impagadas de las pensiones alimenticias es dentro de los 5 años siguientes al día en que pudieron ejercitarse.

Pensión de viudedad: la acreditación de la convivencia “more uxorio” antes del matrimonio.

El artículo 219.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE, núm. 261, 31 de octubre), en adelante, LGSS, establece que tiene derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, el cónyuge o ex-cónyuge del fallecido, así como los sobrevivientes de una pareja de hecho.

No obstante, el artículo 219 de la LGSS, en su apartado 2, señala que en los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derive de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requiere, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha de fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exige dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del matrimonio se acreditara un período de convivencia con el causante como “pareja de hecho” que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los 2 años.

Por su parte, el artículo 221.2 de la LGSS, establece que, se considerará “pareja de hecho” la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho, se añade, se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja y tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Sin embargo, debe tomarse consideración la doctrina jurisprudencial que mantiene que la convivencia “more uxorio” debe poder acreditarse mediante otros medios de prueba admisibles en Derecho y no exclusivamente mediante el certificado de empadronamiento (entre otras, las SSTS de 25 de mayo de 2010, 9 de junio de 2010, 20 de septiembre de 2010 y 25 de junio de 2013).  Como señala la última de las sentencias citadas “si el derecho a la pensión en las singulares situaciones matrimoniales que se examinan [fallecimiento por enfermedad común previa al matrimonio que no hubiese alcanzado el año de duración] se sujeta a haberse acreditado <<un periodo de convivencia…en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3 (se está refiriendo al art. 174 de la LGSS de 1994, de idéntica redacción al art. 219.2 de la vigente ley), que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años>>, está claro que con tal mandato el legislador únicamente está imponiendo que se cumpla el expresamente citado requisito de la convivencia [por dos años, menos la duración que haya tenido el propio matrimonio], a justificar por el correspondiente empadronamiento u otro singular medio de prueba“. 

De tal forma, podemos concluir que para acreditar la convivencia “more uxorio” antes del matrimonio y tener derecho a la pensión vitalicia de viudedad, esta debe poder acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

En todo caso, si no puede acreditarse el período de convivencia por ningún medio de prueba y no se tienen hijos comunes, se tiene derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido, con una duración de 2 años.